I- INTRODUCCION
La perturbación que aflige a la humanidad ha llegado a un estado de crisis, en el cual se enfrentan fuerzas antagónicas que pugnan por su predominio definitivo.
De un lado, concepciones fragmentarias de la naturaleza del hombre y de la sociedad, han engendrado la exaltación ilimitada de realidades parciales, como son la economía, la política, la raza, la clase, la nación o el estado: mitos que han venido a constituir las divinidades del paganismo moderno.
De allí, el imperio del egoísmo y de la perversión moral, el extravío filosófico y científico, el reinado del odio y de la violencia; de allí también el privilegio económico y la injusticia social, la inestabilidad legal y el desamparo jurídico; en última instancia, el sacrificio de los derechos fundamentales de las personas y de los pueblos.
Por otra parte, las fuentes eternas del espíritu han aflorado por doquier en nuevos movimientos de emancipación política, económica y social, que con carácter más o menos orgánico tienden a la recuperación intelectual y ética, a la libertad personal, a la redención del proletariado, a la solidaridad humana y a la paz.
Para quienes tienen conciencia de su dignidad de personas y de ciudadanos no sería dudosa la elección si sólo se tratara de dos planteos total y perfectamente diferenciados. Por desgracia, es característica del desorden contemporáneo la confusión de límites entre las causas buenas y las malas; así se ve a menudo cómo el aferramiento a fórmulas caducas del liberalismo favorece la opresión económica y la inseguridad social, e inversamente, cómo la búsqueda desesperada de la justicia conduce, a veces, a la pérdida de la libertad.
Tal estado de cosas agrava el deber de conocer, juzgar y actuar adecuadamente en los asuntos de la vida pública, en la medida de la vocación, la aptitud y la posibilidad de cada uno.
Los intereses particulares legítimos, tanto de las personas cuanto de los grupos sociales, y el bien común nacional y universal exigen esa presencia inmediata y activa, que coopere a restaurar el sentido de unidad y hermandad en la convivencia y el equilibrio de valores que la misma crisis actual coloca en falsas oposiciones, tales como persona y sociedad, libertad y autoridad, trabajo y capital, justicia y libertad.
Este deber cívico es también una obligación de testimonio y un mandato de caridad, que no se pueden cumplir suficientemente con la sola labor doctrinaria, pues su propia razón de ser está en su realización práctica.
Ello significa la necesidad permanente de actuar en el terreno político, necesidad más justificada aún en nuestros tiempos y en nuestra Patria, en que la política en sentido amplio es el cauce natural para solucionar los problemas temporales de la comunidad.
Estamos convencidos de la urgencia y posibilidad de instaurar una política nutrida ante todo en los valores espirituales, fundada en la buena voluntad cívica y vivificada por la libertad y la justicia; una política de unión en los fines supremos y de tolerancia en la diversidad de los medios honestos con terminante exclusión de la violencia; en fin, una política que merezca ser llamada ciencia, arte y virtud del bien común.
Creemos igualmente que tal empresa sólo puede inspirarse y sostenerse en los principios sociales del cristianismo, cabalmente comprendidos y lealmente practicados; como también que para garantizar la integridad doctrinaria y la pureza moral de nuestra actividad, resulta indispensable darle una estructura orgánica e independiente, libre de compromisos con errores y vicios ajenos.
Por tanto, para servir al pueblo, nos constituimos en agrupación política bajo el nombre de PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO y con los principios que exponemos a continuación.
II- ESQUEMA GENERAL
El Partido Demócrata Cristiano es un partido político con base doctrinaria que aspira a realizar una concepción cristiana de la vida ciudadana a través de la democracia, en un ambiente de amistad cívica y con un claro sentido popular.
Aparece en la vida política para continuar la línea histórica que ha sentado las bases de la convivencia entre los argentinos, del progreso y la dignidad de la República.
La concepción cristiana de la vida cívica que preconiza el Partido se inspira en un orden social basado en la ética y la moral e integrado por instituciones sanas que realicen las funciones que les son propias.
Este orden social está al servicio del hombre. Sus presupuestos esenciales son: la dignidad de la persona humana, la libertad, la fraternidad, el régimen jurídico, y la justicia social.
Las instituciones fundamentales que lo integran son: la familia, célula primera de la vida social; las asociaciones intermedias, el sindicato y la asociación gremial, institución primera de la actividad profesional del hombre; el municipio, base primera de la vida política, el cual se amplía en la provincia; el estado, organización jurídica de la sociedad; y la Iglesia Católica Apostólica Romana, con el debido respeto a las demás confesiones religiosas. A su vez, la República como Nación participa de la organización supranacional que abarca a todos los países del orbe.
Estas instituciones implican diversos tipos de actividad humana, a través de cuya realización el hombre alcanzará su propia vocación. Tales funciones son: la política, con la cual se forma la conciencia cívica de los ciudadanos y por la cual el pueblo participa en los partidos y en el Gobierno, eligiendo sus autoridades; la educacional, por medio de la cual el hombre procura su desarrollo cultural; la económica, que le permite subvenir a sus necesidades; y la religiosa, por la cual se favorece su diálogo con Dios.
III- PRESUPUESTOS ESENCIALES
1- Dignidad de la persona humana
La persona humana es el centro de la Creación. Su dignidad nace de su filiación divina y su vocación de eternidad, trascendente al tiempo y a las cosas. Miembro de la sociedad, tiene además de la responsabilidad de su destino individual, la del cuerpo que integra, y al que debe servir para el bien de todos. El desconocimiento de la naturaleza del hombre es la causa inmediata del desorden y la angustia contemporáneos.
La persona humana es un todo complejo y unitario, compuesto substancial de espíritu y materia; pero, lo que le da su alto sentido de nobleza es su espiritualidad. De allí que los objetivos espirituales del hombre deban prevalecer sobre los materiales y que todos los bienes de que pueda gozar en el tiempo sean sólo medios necesarios para que libremente alcance su fin último.
De su naturaleza y de sus fines surge que la persona posee un conjunto de deberes y derechos fundamentales. Los deberes se sintetizan en orientar todo su desarrollo hacia su destino eterno. Los derechos –que ningún poder humano puede desconocer, menoscabar ni suprimir- comprenden todo aquello que es indispensable al libre desenvolvimiento y a la plena perfección de la personalidad; tales el derecho a la vida y a la integridad espiritual y física; a la moralidad y a la religión; a la educación y a la investigación de la verdad; a la constitución de la familia y de otras sociedades legítimas; a la elección de estado y a trabajar en condiciones dignas, recibiendo una justa retribución; al buen uso de los bienes materiales y a la propiedad; a reunirse con sus semejantes y expresar libremente sus ideas y todos aquellos otros que la dignidad humana implica.
El ser humano es naturalmente sociable; sólo conviviendo con sus semejantes puede desarrollar debida y cumplidamente sus aptitudes, tanto materiales como espirituales. No hay irreductible oposición entre el hombre y la sociedad, sino mutua integración al servicio de sus supremos fines.
En el plano temporal, la persona es la única realidad substancial y trascendente. Por ello, debe constituir el centro de toda construcción política, económica y social.
2- Libertad
El Partido Demócrata Cristiano sostiene como una de sus características esenciales un régimen social de libertad.
La libertad es una e indivisible: no hay libertad religiosa sin libertad política y no hay libertad política sin libertad económica. A cada derecho humano corresponde un deber y tiene que ser amparado por una libertad política que el Estado debe reconocer. Es a través de la libertad que el hombre debe alcanzar su bien individual; pero, es también con su buen uso que debe contribuir al bien común.
3- Fraternidad
La fraternidad, fruto del amor y la justicia, constituye el fermento fundamental de la vida social y la nota distintiva de nuestra acción política.
4- Régimen jurídico
La Democracia Cristiana sostiene fundamentalmente el gobierno de la Ley, en oposición al mando arbitrario de los hombres.
Tanto en la conducta individual cuanto en las relaciones sociales, el hombre debe obrar, no según los impulsos de su prepotencia o capricho, sino según la ley, cuyo origen y razón de obligatoriedad derivan de Dios y cuyo cumplimiento satisface las aspiraciones humanas.
En lo social-político la primacía de la ley se realiza adecuadamente sólo mediante la ley positiva. Dicha ley ha de ser democrática por su concreto origen popular y válida por su sanción de los derechos naturales inherentes a la persona humana y por su ordenación al bien común.
En la República, la ley fundamental es la Constitución Nacional, que organizó y pacificó al país y que a pesar de sus deficiencias, negaciones y errores en su aplicación, promovió la prosperidad de nuestro pueblo.
Por tales razones, el propósito más inmediato de la Democracia Cristiana es la vigencia plena de la Constitución Nacional, para que con ella o a través de su reforma y con las leyes y costumbres argentinas, pueda procurar la mejor realización de sus ideales, en especial en lo concerniente a la Iglesia Católica, la familia, la educación, los derechos económicos-sociales y, en el plano político, el régimen municipal, el régimen federal, la jurisdicción de los jueces, la responsabilidad ministerial, la fiscalización sobre el Poder Ejecutivo respecto a gastos e intervención a las Provincias y la mayor autenticidad del régimen representativo.
5- Justicia social
Por último, expresión del bien común es hoy la justicia social, norte y guía de la acción del Partido Demócrata Cristiano. Basada en la fraternidad, ella impone a todos y a cada uno el deber de cooperar en el mejoramiento de las condiciones de bienestar común y el correlativo derecho de participar en sus beneficios. Son deberes y exigencias de justicia social, de primordial preocupación para Democracia Cristiana:
a) Asegurar a todos los hombres, sin distinción alguna, condiciones de vida que les permitan el integral desarrollo de su vida corporal, espiritual y moral; la justicia social exige que nadie se encuentre privado de los bienes esenciales para la vida (alimentación, vivienda, vestido, protección de la salud, educación), que los bienes de comodidad se generalicen evitando desigualdades chocantes y que los bienes de superación estén al alcance de todos aquellos que tengan condiciones para lograrlos dentro del bien común de la sociedad;
b) Aumentar la renta nacional y redistribuir equitativamente la misma entre todos los sectores sociales, procurando especialmente la promoción de los grupos menos afortunados, por ser los más necesitados y numerosos;
c) Proporcionar ocupación a todos los miembros de la comunidad, estabilidad en el trabajo y seguridad social en todos los órdenes de la vida;
d) Procurar que la remuneración del trabajo corresponda no solamente a las necesidades vitales del trabajador y de su familia, sino también al grado de civilización en que se vive y que haga posible el ahorro y el acceso a la propiedad;
e) Asegurar una moneda sana y estable para garantía del valor de los sueldos y salarios, los ahorros y el sistema de previsión y seguridad social;
f) Disminuir las diferencias sociales y hacer que la comunidad entera participe, con el más alto nivel posible, en los beneficios de la civilización, impidiendo que un grupo social excluya a otro.
Por ello, este Partido que nace del Pueblo, se nutre del pueblo y existe con el pueblo, hace suyas sus angustias y esperanzas. No habrá injusticia que no procure remediar, ni necesidad que no trate de satisfacer. Quiere una Patria grande, en la que reine la felicidad y en la que todos se sientan hermanados por la amistad cívica.
IV- INSTITUCIONES DEL ORDEN SOCIAL
1- La familia
La familia es el primer ambiente vital, formativo y compensatorio de las exigencias físicas y espirituales de la persona. Germen de toda convivencia, su órbita total se compone de dos sociedades parciales: la coyuntural y la paterno-filial.
Institución directamente emanada de la naturaleza, tiene por principio y fundamento el matrimonio, uno e indisoluble, que el Estado debe reconocer. Su constitución y prerrogativas fundamentales surgen de aquella y no dependen de la voluntad humana ni de factores económicos.
Base orgánica de la sociedad civil, su principio formal es la autoridad familiar, ejercida primariamente por el padre en comunidad con la madre. Sus derechos y deberes, inviolables por parte de toda potestad terrena, derivan de sus fines propios: unir a los esposos y por consiguiente, proveer a la transmisión legítima de la vida y a la educación de los hijos, al mismo tiempo que al mutuo perfeccionamiento de los cónyuges.
A las familias corresponden las potestades y obligaciones primarias respecto de la persona, con anterioridad y preferencia a cualquier otra institución. Su defensa y fortalecimiento no admiten sustituciones ni competencias que sólo producen su menoscabo y desintegración. Al Estado corresponde respetarla, protegerla y asistirla, procurándole los medios que le sean necesarios y convenientes para el cumplimiento de sus funciones espirituales, culturales, políticas, económicas y sociales.
La Democracia Cristiana reivindica para la familia los siguientes derechos: a la estabilidad, a la fecundidad, al respeto de su misión educadora, a la protección de su salud física y moral, a la seguridad, a la justicia distributiva, al espacio vital, a perpetuarse y a cumplir todos los deberes que la vinculen a Dios.
2- Sociedad Civil
La sociedad civil resulta de inclinaciones y aptitudes innatas en el hombre, quien mediante su ordenada agregación, a la vez necesaria y libre, busca la plena satisfacción de sus indigencias y aspiraciones. Consecuencia de las condiciones esenciales del ser humano y de su insuficiencia individual, es un orden general o absoluto, es institución de la naturaleza misma, pero en su realización concreta y constitución particular interviene el libre ejercicio de la voluntad humana..
Su finalidad es la consecución del bien común, que no supone un objetivo propio del ente colectivo en sí mismo y para su provecho o poderío, sino la buena vida humana de cada uno de sus miembros: el máximo bienestar material y la mayor posibilidad de tender a la perfección moral y a la vida sobrenatural.
La Sociedad está pues al servicio del hombre, a quien debe respetarle su autonomía, pero el hombre se debe a la sociedad para la consecución del bien común.
La guía y el poder necesarios para conducir a la comunidad hacia el logro de sus fines, se obtiene mediante la autoridad. Dicha potestad proviene sólo de Dios, pero necesitando revestir alguna forma y residir en algún sujeto, tiene su causa determinante en la aceptación y el consentimiento expreso de los integrantes del grupo social.
3- Estado
La vida en sociedad requiere organizarse en la forma política que llamamos Estado. Este implica el imperio de un orden jurídico libremente escogido y tiene como misión representar, coordinar y gestionar los anhelos, energías e intereses sociales, con arreglo a las fórmulas creadas por la libre determinación popular, dentro de los límites de la ley natural. Organo de la autoridad, se debe por sus fuentes y sus fines al pueblo todo en general y no en particular a ciudadanos o grupos cualesquiera. Su acción reguladora tiene carácter supletorio con respecto a las iniciativas, obras e instituciones privadas: estimulando siempre la actividad de los ciudadanos, sólo debe realizar por sí mismo aquello que los individuos y asociaciones menores no pueden efectuar o lo hagan en forma deficiente.
El Estado, pues, debe tratar de alcanzar una sólida conciliación de la libertad civil y del orden social, ya que éste, lejos de representar una categoría moral oponible o comparable con aquella, es más bien una resultante de la armoniosa conjugación de múltiples factores, entre los cuales se destacan precisamente una fe robusta en la libertad y su práctica fecunda.
Este régimen de libertad ha de prevalecer en la sociedad, en inseparable unión con la justicia. El Estado debe promover con la mayor decisión y empeño una auténtica justicia social, para lograr que todas las clases sociales contribuyan armoniosa y orgánicamente al bien común y que cada persona goce de condiciones materiales que le permitan vivir libre y dignamente.
4- Sociedades intermedias
La tendencia social del hombre no sólo se manifiesta en la existencia de la sociedad política. Hay entre el hombre y el Estado una serie de sociedades intermedias destinadas a realizar lo que el primero no puede y el segundo no debe.
Su existencia, ya sea en defensa de intereses económicos, profesionales, culturales o religiosos, es un derecho de orden natural y no una concesión del Estado.
Tales sociedades son: el Municipio y la Provincia, en el orden político; el sindicato y la asociación profesional en el orden del trabajo; y las asociaciones y centros particulares, en el plano económico, cultural, espiritual y del bien común.
Estamos a favor de la existencia de estas sociedades intermedias. Ellas caracterizan el verdadero concepto del pueblo.
5- Municipio, Provincia y Federalismo
El Partido Demócrata Cristiano afirma que el Municipio es la organización primaria de la vida política, base de la representación popular y de todo progreso social, económico y político. Cree que una vida municipal intensa producirá los mayores beneficios para la colectividad; es a través de ella que autoridades y pueblo podrán participar de esta escuela de democracia y de gobierno. Una de las características del Partido será la promoción, fortificación y extensión del municipio y su participación creciente en las responsabilidades de los poderes políticos.
La Democracia Cristiana es partidaria, igualmente decidida, del régimen federal. Las Provincias, formaciones sociales de profundo arraigo, preexistentes a la Nación y centros fecundos de energías y reservas, deben ser fortificadas en su carácter de entidades autónomas y estimuladas en su desarrollo propio, para beneficio de la Nación entera. Sus valores culturales y económicos deben ser firmemente acrecentados.
Así llegaremos al régimen federal, ansia de los argentinos libres, origen y tradición de la Patria, valla contra el absolutismo centralista y elemento indispensable de la restauración social, económica y política del país.
6-Organización gremial
Una de las condiciones principales que el actual estado de cosas exige es la libre constitución y actuación de los organismos profesionales que los gremios de trabajadores crean para su defensa común, generalmente bajo el nombre de sindicatos.
No es ésta la única ni la mejor forma de agremiación. Pueden preverse y procurarse otras, de bases y finalidades más amplias de acuerdo con la evolución de la empresa; pero la situación contemporánea requiere la existencia y el vigor de las entidades sindicales, libres desde su nacimiento respecto a los gobiernos, a los partidos políticos y a los grupos capitalistas; sujetas solamente al interés de sus miembros en función del bien común.
El derecho de asociación es connatural a la persona y como tal, anterior y superior al Estado, que debe reconocerlo, estimularlo y protegerlo, sin inmiscuirse directa ni indirectamente en la vida de los organismos gremiales.
El Partido Demócrata Cristiano reconoce a la organización gremial el ejercicio de todos los derechos conducentes a su objeto y fines, especialmente el de participar en los organismos que se refieren a la vida económica del país y el de huelga justa, cuando se recurre a ella una vez agotados todos los medios de conciliación existentes.
7- Asociaciones particulares
Un orden social justo se manifiesta por la proliferación de entidades particulares con fines legítimos. La Democracia Cristiana reconoce la libertad para fundarlas y estimula su creación, sean económicas, culturales, espirituales o de bien común.
Sostiene, además, que la vida democrática se fortificará en la medida en que los ciudadanos, aparte de sus actividades en asociaciones de bien individual, formen y desarrollen entidades de bien común, que no tienen otro interés que servir al prójimo y la finalidad de contribuir a la solución de los problemas sociales.
En convivencia con el gobierno y los partidos, estas actividades serán la levadura popular de toda sana restauración social en la Argentina.
8-Iglesia Católica Apostólica Romana y demás confesiones religiosas
La Iglesia Católica Apostólica y Romana, a la cual pertenece la gran mayoría de los habitantes del país y a la que está vinculado lo mejor y más positivo de nuestra historia, debe ser respetada en sus derechos como sociedad perfecta y debe ser garantizada para que con plena libertad pueda cumplir su misión.
La Democracia Cristiana auspicia el arreglo de las relaciones entre el Estado y la Iglesia Católica mediante un Concordato, basado: a) en el respeto y observancia de la ley natural y la ética cristiana; b) en la distinción de los respectivos poderes espiritual y temporal, cada uno de los cuales es supremo en su esfera; c) en la cooperación armónica de Iglesia y Estado en los problemas mixtos; y d) en la colaboración del Estado y la Iglesia para el bien común de los hombres y de la sociedad.
Los demás credos religiosos que funcionan como libres asociaciones, han de ser considerados deferentemente y respetados en sus derechos con su propio estatuto jurídico.
9. Organización Supranacional
El Estado debe actuar en la organización internacional cooperando a que ésta sea una estructuración éticamente jerarquizada y jurídicamente igualitaria de la universal fraternidad humana.
La soberanía nacional, fundamento visible de la organización interior y de la personería exterior, no tiene carácter absoluto. Está doblemente limitada: en lo interno, por la dignidad humana de sus propios súbditos, y en lo externo, por la soberanía de los demás pueblos, por el orden, la justicia y el derecho internacional. Todas estas razones impulsan y justifican paulatinas restricciones de las soberanías particulares, a favor de organismos mundiales que sean capaces de defender la seguridad colectiva contra la agresión, y el bienestar general contra la opresión y la miseria. La organización supranacional será la que tenga a su cargo garantizar la igualdad jurídica de los estados particulares; defender los derechos humanos y conseguir el bien común de la paz.
En esta organización supranacional deberán estar representados no sólo los estados sino también, en alguna forma, las entidades intermedias de carácter privado.
V – FUNCIONES DE LA VIDA SOCIAL
1. Acción política
Los principios y normas señalados en esta Declaración tienen en la Democracia su mejor expresión y su mayor posibilidad de realización, por ser su estructura la más en consonancia con la dignidad y la libertad de los ciudadanos. Entendemos por Democracia el gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo.
No pensamos que la democracia sólo sea un régimen político aceptable. El concepto de Democracia, más allá de su acepción originaria y clásica, por encima de las deformaciones contemporáneas que la han desprestigiado hasta en su nombre, sigue no obstante correspondiendo a las más nobles aspiraciones humanas, orientándolas hacia una vida de orden en la libertad, de justicia por el derecho y de unión en la tolerancia.
La esencia de la Democracia está constituida por un regimen de convivencia y no sólo por un aparato jurídico, ni por el sufragio universal, ni por cualquier otra manifestación de la voluntad popular; sostener lo contrario equivaldría a confundir el todo con la parte, el fin con el medio.
Sin embargo, tales instrumentos son connaturales a la Democracia.
De ahí que sea imprescindible para su existencia y vigor el asegurar a su vez la realidad y pureza del sistema representativo, mediante mecanismos de elección y de consultas variables según los países y las épocas.
Son también típicos del regimen democrático; la libertad de información y de crítica, la libertad de prensa, de reunión y de petición, el derecho de los ciudadanos de expresar sus propios puntos de vista sobre los deberes y sacrificios que se les imponen, la separación de los poderes estatales, la independencia del Poder Judicial, la autonomía comunal, la pluralidad de partidos políticos, la representación y respeto de las minorías, la periodicidad de los cargos electivos, la publicidad de los actos de gobierno, la responsabilidad de los funcionarios públicos, la igualdad ante la ley y en general, toda garantía para la más adecuada protección de los derechos humanos.
Porque el poder del Estado tiene sus límites señalados por la ley misma y porque sus atribuciones están sujetas al control de la ciudadanía, proclamamos nuestra más firme adhesión a la Democracia, que resulta el más seguro camino para llegar a la conquista de la liberación espiritual y material que anhelan los hombres y las naciones.
La DC sostiene el sufragio universal como el medio normal por el cual el pueblo designa sus representantes para el Gobierno, y al hacerlo determina la orientación que prefiere para éste. Por su propia naturaleza, el sufragio universal, secreto y obligatorio, de varones y mujeres, compromete gravemente la conciencia personal y cívica de los ciudadanos e influye de modo preponderante en la suerte de la política y en general, de la sociedad.
Los partidos políticos ejercen derechos cívicos primordiales, ordenan las diferentes tendencias de la opinión, prueban las vocaciones y aptitudes políticas de los ciudadanos y organizan la cooperación popular en la función del gobierno. Ellos deben ser respetados en sus derechos sin otra condición que la leal observancia de la Constitución nacional, debiendo cuidarse especialmente la eliminación de toda confusión entre Partido y Gobierno. La Democracia Cristiana, se opone, no sólo al concepto de partido como instrumento de despotismo en la incongruencia de Partido Unico, sino también a las inclinaciones sectarias que han llevado a menudo a anteponer las conveniencias partidarias a las exigencias y deberes del bien común.
Frente a la necesidad y las posibilidades que comportan el sufragio universal y los partidos políticos, la Democracia Cristiana pone en evidencia el error que implican las tentativas de excluirlo, bajo pretextos diversos, que en el hecho, favorecen al despotismo. Los individuos aislados no pueden obrar en la vida cívica con la eficacia y la regularidad que proporciona el Partido. La familia, la organización profesional o la clase no tiene por objeto específico el bien común de toda la sociedad, y por tanto no pueden constituirse en órgano de la vida cívico-política.
2- Educación y cultura
La Democracia Cristiana luchará sin descanso para que reine en el país una efectiva libertad de enseñanza. Esta libertad implica la armonía y el respeto de los derechos de la familia, de la Iglesia y del Estado. Nada justifica el monopolio estatal de la enseñanza, el más inicuo de los monopolios.
Todo niño tiene el derecho a una educación integral que lo conduzca al máximo florecimiento de su virtud y de su talento en igualdad de condiciones con los demás y sin discriminaciones de índole racial, social, económica, religiosa o ideológica.
La familia por su fin específico, tiene prioridad de obligaciones y potestades con respecto a la educación. Es indispensable la libertad de educar a los hijos por parte de los padres; la formación espiritual de la prole, como su crianza y cuidado, son cargos inherentes al padre y a la madre, porque ellos se hallan asociados en la misma. Por tanto, el deber natural de la educación es también frente a los semejantes y al Estado, el derecho natural a la prestación de los medios y el respeto de los fines escogidos por los genitores en la cultura de sus hijos, respetando el credo religioso de los mismos. La escuela complementa y perfecciona la educación dada por los padres; los maestros son, pues, sus delegados o mandatarios. Por encima de su misión de enseñar la técnica, las aulas deben procurar el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos del hombre, a las libertades fundamentales y a nuestra organización democrática.
La Iglesia Católica tiene también derecho propio a educar; a impartir libre y públicamente educación religiosa a sus fieles y todos aquellos que acepten recibirla, así como también a promover la enseñanza de las disciplinas profanas.
La misión del Estado es velar para que los padres cumplan el deber que respecto a la educación les impone la naturaleza y la ley, estimulando y ayudando económicamente a los institutos educacionales privados, controlando su idoneidad moral, científica, didáctica e higiénica y vigilando el respeto a la historia e instituciones patrias y a nuestra vida democrática. En atención a sus funciones de bien común que lo obligan a garantizar y le dan derecho a exigir a todo ciudadano un mínimo de su formación cultural, cumpliendo una misión auxiliar y supletoria y tutelando el derecho del hijo a la educación, está facultado para crear y sostener escuelas públicas o establecimientos propios.
En las escuelas oficiales el Estado es representante de los padres a quienes no desplaza ni sustituye y cuyo sentir debe obedecer en la formación integral del educando, inclusive en lo concerniente a materia religiosa.
La cultura, cultivo del hombre integral, debe ser ante todo cultura de la persona. Por ello, únicamente puede fundamentarse en una educación de raíz espiritual, que desarrolla con plenitud, libertad y armonía todas las facultades y potencias del ser humano, en función de la trascendencia de su origen, naturaleza y destino.
Si bien la cultura se conserva y acumula en el cuerpo social, siendo esencialmente humana, no es lícito que el Estado fije su contenido, sus límites y sus direcciones en fórmulas legales, que forzosamente son coactivas; en pautas o módulos cuya definición e impartición caen fatalmente en manos del Estado.
3- Economía
Los bienes materiales son necesarios para la subsistencia y el progreso humano, por lo cual deben estar al alcance de todos. Ni ellos, ni los elementos que les sirvan de fuentes (naturaleza, trabajo y capital), constituyen fines en sí mismos, unos y otros son bienes instrumentales, que en conjunción y armonía de todos los bienes sociales elaboran el ordenamiento del bien común.
El orden social exige producción abundante y racional, distribución equitativa, consumo suficiente, previsión y asistencia. Nada de éstos es posible sin la labor humana. De ahí, la eminente dignidad del trabajo, que en el orden material es el factor primero de la economía y cuyo valor ético es el de representar, en sus diversas formas, la participación consciente en el plan providencial de la creación, siempre fluyente.
En el proceso económico y en la relación al capital (privado o estatal) ha de ocupar una posición preferente el trabajo (intelectual, manual o mixto) no como un atributo de clase, sino como un tributo de la persona en beneficio propio y común.
La concepción del trabajo como una mercancía, lleva a la degradación y explotación de los trabajadores; inversamente, el considerar a todo capital como producto de fraude, conduce a la denigración y al despojo indiscriminados de los propietarios y a extenuar la base material de la economía.
No hay razón valedera para oponer ambos factores, naturalmente destinados a la complementación a la solidaridad.
La lucha de clases es errónea en sus fundamentos, injusta en sus medios, egoísta en sus fines y desastrosa en sus resultados. La opresión capitalista y la dictadura proletaria, son distintas formas de privilegio y despotismo.
El capitalismo ha aportado progresos técnicos y económicos, pero el individualismo y el materialismo que impregnaban la sociedad, lo han llevado a subordinar las normas morales a la finalidad de lucro, a convertir la libre contratación en una desalmada selección de fuerte y débiles y a pretender la perpetuación de su doble estructura de empresarios y asalariados, divididas en dos mandos impenetrables entre sí.
El sistema capitalista tal como se ha presentado históricamente, está concluyendo su ciclo y debe ser superado por medio de una reforma sustancial y progresiva dentro de cauces legales. Para ello no pueden servir los regímenes paternalistas porque mantienen a los obreros bajo una tutela permanente, mediante un juego legal de protecciones y restricciones y la periódica concesión de mejoras que no evitan el predominio patronal; tampoco los estatismos demagógicos, porque reducen el problema a la simpleza de hacer ricos a los pobres y viceversa, para la cual instauran una parodia de lucha de clases, impulsando a los trabajadores hacia conquistas económicas insaciables, hacia las contiendas partidistas, las posiciones políticas y los recursos burocráticos.
Unos y otros eluden la cuestión y son en definitiva explotadores políticos de la necesidad y conservadores del regimen del salariado, que si bien no es injusto en sí mismo, no satisface ya todas las aspiraciones humanas ni da solución al profundo malestar social imperante, que a más de económico, es una cuestión de dignidad herida y de justo anhelo de superación.
Es indispensable una franca evolución de la situación actual sobre la base de las siguientes orientaciones fundamentales: a) ordenamiento y regulación de la producción de acuerdo a las necesidades del consumo; b) subordinación del lucro a la moral y al bien común; c) primacía del trabajo, en todas sus formas, sobre el capital, con reconocimiento de la función social de éste y la necesidad de la marcha armónica de ambos; d) la empresa libre y privada (individual, familiar, comunitaria o cooperativa) debe ser la forma normal de la vida económica. Las empresas estatales deberán seguir también las orientaciones señaladas precedentemente.
Todo ello se realizará mediante la intervención gradual de empleados y obreros en la comunidad de trabajo de la empresa y a través de su progresiva participación en las utilidades y gestión de la misma, hasta llegar a un régimen societario de copropiedad y cogestión, en el cual el trabajo organizado se integra con la administración de la empresa.
Trabajo organizado y administración colaboran así como un todo indivisible y no como dos campos opuestos; todo ello, sin desmedro de la indispensable autoridad de decisión y unidad de comando de la administración.
Además, en la tarea de evitar la especulación y preparar el camino hacia experiencias asociativas y comunitarias, se hace necesario fomentar mediante diversos arbitrios las cooperativas, los comités de iniciativas, las organizaciones de cogestión, las comunidades de trabajo y todas aquellas reformas que permitan llegar a la realización de una economía humanista.
La justicia reclama, igualmente, satisfacer la aspiración de todos los individuos y clases sociales a la posesión y al disfrute de los medios económicos necesarios o convenientes a su bienestar y felicidad, especialmente la tierra laborable y la vivienda urbana y rural. Es derecho de las personas y familias, tener en propiedad tales bienes y disponer de ellos con exclusión de los demás particulares, de la sociedad y del Estado. Pero hay que recordar también que la propiedad privada, si bien es como una extensión de la persona y una condición de su perfeccionamiento, engendra por otra parte, obligaciones sociales a cargo de los propietarios, las cuales deben ser reglamentadas por el Estado con miras al uso prudente y justo de las cosas que son objeto de ese derecho.
En la medida que la técnica lo haga posible será preciso restaurar la pequeña propiedad y la pequeña empresa, haciéndolas a la medida del hombre. El campo en sus explotaciones agrícolas y ganaderas, representa sin duda la más importante fuente de riqueza del país; es necesario asignarle todo el enorme valor que tiene en nuestra economía nacional, mejorando en todos sus aspectos, las actuales condiciones de vida, comodidad, cultura, producción y trabajo mediante adecuadas medidas impostergables consagrando el acceso a la propiedad de los campesinos, en explotaciones del tipo familiar y la redención del proletariado rural.
El Estado debe en el mundo económico contemporáneo hacer los planes generales y señalar las grandes líneas de la política económico-social. Tiene que tener también en sus manos, los controles superiores de la vida económica para mantener una moneda sana y un crédito que estimule o desaliente, pero sin intervenir en el proceso mismo de la producción. Mediante el poder impositivo redistribuye las rentas justicieramente, pero teniendo especialmente cuidado de las exigencias de la justicia social y del proceso de capitalización. En la medida que se requiera y con carácter de excepción, El Estado controla o toma a su cargo ciertas actividades básicas que pueden causar un gran daño público en manos privadas, sea por su valor estratégico o por sus incidencias sobre la población, sea por insuficiencia de la iniciativa privada o por el poder económico y político que importen. Circunstancialmente puede establecer controles secundarios para defender al pueblo contra el monopolio y la explotación.
Entretanto y mientras no se llegue al nuevo ordenamiento que preconizamos, urge adecuar el salario a las necesidades vitales del trabajador y su familia, atendiendo también a su capacidad real de producción. Dicha política de salarios deberá ser completada por la estabilidad y seguridad social contra el paro, la enfermedad, la vejez, la cesantía, el fomento de la vivienda digna, la creación de ritmos y marcos humanos para la vida trabajadora y la educación progresiva para las responsabilidades que comporta el nuevo mundo de la Economía Social hacia el que avanzamos.
La libertad y la justicia deben encontrar la síntesis en una economía social orientada al consumo, a través especialmente del mercado. Esta economía con sentido social debe tender a aumentar la producción contemplando las necesidades y aspiraciones del pueblo dentro de un sano espíritu de justicia, superación y competencia. Mediante el incremento de la riqueza, procura las bases para lograr una elevación material del pueblo y una más justa distribución de los bienes, excluyendo cualquier clase de monopolio.
4- Vida religiosa – Libertad de cultos
La vida religiosa constituye el presupuesto indispensable del orden social y su aliciente más potente. Esta encuentra savia fecunda en el mensaje evangélico que ha sido dado a todos los hombres. La profunda y pacífica revolución que éste produjo contribuyó en alto grado a la dignificación de la persona y de los pueblos, demostrando que más allá del ámbito puramente religioso, obra también como fermento social de inagotable energía histórica.
En lo concerniente a la religión, el Gobierno ha de respetar y garantizar el derecho necesario de los hombres a rendir culto a Dios, privada y públicamente. A su vez, de acuerdo con la más noble tradición nacional, la Sociedad y el Gobierno han de tributar el culto público que les incumbe.
La libertad de creencias religiosas y de cultos, según el regimen de la tolerancia civil lealmente practicada, excluirá toda forma de coacción sobre las conciencias o de inconvenientes a las personas por razones religiosas. De este modo se alejará cualquier posibilidad de abuso de lo religioso con fines políticos.
La fe en jurisdicción del Estado, que no es definidor de la verdad y menos de la verdad teológica. LA fe no es materia de sometimiento sino de convencimiento. Por lo tanto debe el Estado el respeto máximo al diálogo del hombre con Dios, y debe, cualquiera sea la forma en que el hombre lo realiza, aunque la crea errónea, tolerarlo civilmente. El cumplimiento de su fines debe procurar por todos los medios que reine la paz religiosa a fin de que fructifique el mensaje que Dios deposita en cada alma.
VI – DEMOCRACIA CRISTIANA
La democracia implica y necesita una ideología y un método, pero ante todo una mentalidad y un animo favorables a ella. Y bien se ha dicho que “no solo el estado de espíritu democrático proviene de la inspiración evangélica sino que no puede subsistir sin ella”.
Tal es la razón de ser de la Democracia Cristiana, a la que entendemos como una representación de vida, que partiendo de una comunidad individual en los valores eternos, tiende a realizar en lo temporal y colectivo un sistema de convivencia libre, justo y fraternal, fruto de la conciente ordenación del pueblo al bien común, mediante el ejercicio de las funciones públicas emanadas de su soberanía.
La Democracia Cristiana es una concepción integral: porque considera la totalidad de la persona humana y su justa ubicación en los planos natural y sobrenatural; porque en el orden natural armoniza los fundamentos de una filosofía con las necesidades de un programa; porque dentro de su programa concilia las prerrogativas individuales con las exigencias colectivas y porque en el ámbito colectivo contempla y soluciona los problemas políticos, sociales y culturales.
La Democracia Cristiana es personalista, en cuanto, colocando a la persona humana en el primer grado de la escala de los valores temporales, considera que como tal ella trasciende a la sociedad a la que pertenece; es comunitaria, en cuanto reconoce que la persona tiende naturalmente a la comunión con sus semejantes y en cuanto, en el orden propiamente político, estima al bien común superior al bien particular de los individuos, en la medida en que el hombre es parte de la sociedad política; es pluralista, en cuanto comprende que el desarrollo de la persona reclama normalmente una pluralidad de comunidades autónomas, que si bien no se distinguen por sus miembros ni por sus elementos genéricos, sí se diferencian por sus objetos específicos.
La Democracia Cristiana, conforme a su tradicional línea de tendencia histórica, se traduce en un movimiento eminentemente popular. Pretende realizar una auténtica Democracia, que haciendo efectivo el gobierno del pueblo, por el pueblo, y para el pueblo, en un regimen social basado en los principios cristianos, una fraternalmente en amistad cívica a los hombres de los diferentes sectores y condiciones sociales, para procurar la satisfacción de las aspiraciones legítimas de todos y, en particular, de los menos favorecidos y para lograr la participación activa de estos en la conducción política, económica y cultural del país.
Esta posición no puede encerrarse exclusivamente en cauces partidistas, si bien estos son los instrumentos más apropiados para su difusión e implantación. Paralelamente a la acción política, las labores sociales y culturales deben tener existencia legítima y provechosa.
No siendo un movimiento confesional sino cívico o social político, con la consiguiente responsabilidad y autonomía propias, la Democracia Cristiana admite en su seno la diversidad religiosa de sus adherentes, en tanto ellos manifiesten coincidencia plena con su ideario y acepten la totalidad de su programa.
No es lícito sustituir la persuasión por la fuerza para lograr el ideal de la unidad religiosa o política. Rechazamos cualquier pretensión de someter a los disidentes a estatutos legales de represión o segregación Si bien no hay derecho al error, es necesario respetar las creencias personales en atención a la realidad histórica de la variedad de las familias espirituales, pues sólo mayores males traería la represión de expresiones que no contrarían el orden social.
Frente a las teorías, regímenes, planteamientos y bloques en que se divide actualmente la humanidad, la Democracia Cristiana es intrísecamente opuesta al individualismo y al colectivismo, que alterna en la trágica tarea de desintegrar a la sociedad en aras del individuo y a la persona en aras de la colectividad. Por ello, repudia tanto a toda forma de liberalismo y de dictadura sistemática, cuanto a cualquier forma del totalitarismo, inclusive el comunismo.
En lo referente a las relaciones entre los poderes espiritual y temporal, condena por igual: el laicismo, o total autonomía del bien común respecto de Dios; el regalismo, o sujeción de la Iglesia al Estado; la participación indebida del clero en el manejo de la cosa pública y al fareseismo o empleo de la religión o sus organizaciones con finalidades políticas.
LA Democracia Cristiana levanta como supremos objetivos: la moralización de la vida pública y privada, sobre las bases de normas éticas objetivas, universales y permanentes; la libertad civil y política, dentro de un orden jurídico estable y progresivo; la reforma económica y social; para la ascensión del proletariado a los derechos y responsabilidades de la ciudadanía, de la cultura y de la propiedad; la amistad cívica, por el respeto de las distintas posiciones ideológicas y su coincidencia ocasional en obras de bien común; y la paz internacional, fruto de la justicia y la concordia entre los Estados y del acceso inmediato o gradual de los pueblos coloniales o semicoloniales al goce efectivo de su independencia. Todo ello por la dignidad de la persona humana.
VII – VISION DE PATRIA
Enarbolamos estos principios bajo el amparo de la bandera nacional y sobre el solar de los antepasados, que es también nuestro por incesante herencia histórica.
Dentro de la universal comunidad fraterna, la Nación Argentina es una particular agrupación de hermanos, a la cual nos debemos con preferencia y sin perjuicio de las proyecciones humanistas de nuestra empresa.
Declaramos, pues, nuestro más profundo y fiel amor a la Patria, complejo de bienes espirituales y materiales, conciente identidad de derechos y responsabilidades, tradiciones e ideales, cuyos intereses legítimos deben servirse aún con sacrificio de los particulares. El patriotismo es una virtud moral que debe ser preservada de adulteraciones que trastornan los fines del poder político y el orden internacional; el nacionalismo inmoderado, que pretende hacer de la Patria una entidad sustancial, absoluta e infalible, es germen de numerosas injusticias e inequidades.
Nuestro movimiento responde a las más genuinas aspiraciones de la argentinidad, radicalmente cristiana y demócrata. Nadie puede desconocer el aporte vital e insustituible del Cristianismo en la formación de nuestro ser nacional, ni el esencial sentido democrático de nuestra historia, valores ambos fundamentales en la obra de los próceres y en la trayectoria del pueblo.
Uno solo es el acervo patrio y su significado y no transigimos en su defensa frente al ocultamiento mezquino y a la revisión interesada. Todas las investigaciones y rectificaciones son posibles y plausibles, cuando no parten de posiciones previamente adoptadas que forzosamente han de condicionar los resultados; cuando se alientan en la sincera búsqueda de la verdad, en la comprensión de los ambientes, en el respeto y la gratitud a los fundadores y propulsores de la Patria.
La Democracia Cristiana representa el intento histórico de romper en forma definitiva la absurda alternativa de elegir entre la corriente de los regímenes de fuerza y el liberalismo; ruptura de un esquema cuya falsedad ha traído tantos dolores a nuestra patria y a la humanidad.
Teniendo presente el ejemplo de quienes impulsaron generosamente la independencia, la organización y el progreso nacional, seguiremos el camino señalado por aquellos próceres que fueron auténticos precursores de la Democracia Cristiana en la República Argentina.